"Es la justicia la que tiene que resolver el problema troncal del comportamiento de los funcionarios públicos en todo el país, precisamente lo que pasó con Luis Pilquimán, que no sólo tiene a su cargo la obligación de hacer relevamiento de comunidades mapuches sino que en vez de hacer esa tarea iba en medio de la noche llevando una familia para engrosar la toma de Mascardi, con un vehículo oficial de la provincia de Río Negro y con la licencia de conducir vencida", expresó el abogado y agregó que "no había más nada que pudiera hacer mal Luis Pilquiman y salen las noticias en los diarios, la justicia como no le llega ningún papel elige no hacer nada. Pedimos que investiguen porque sino estamos ante un total estado de desproporción ante un poder estatal que hace lo que quiere".
Dijo que lo llenó de satisfacción que se lleve la causa a juicio. Resaltó que se hizo la denuncia por incumplimiento de los deberes, porque la obligación básica de un funcionario es cumplir y hacer cumplir la ley y por otro lado abuso de autoridad, porque estaba forzando la estructura estatal a cometer un acto ilícito y la malversacion de fondos públicos, porque estaba usando fondos estatales para una finalidad absolutamente distinta a la que le asigna la ley y presupuesto, "el dinero del INAI no está para bancar usurpadores y delincuentes, está destinado a que las comunidades de pueblos originarios, las verdaderas, no estos que se disfrazan, puedan ser relevados y garantizarse los derechos que les asigna la propia ley".
Explicó que en términos jurídicos las fiscalías están obligadas a actuar ante el conocimiento de un hecho ilícito, por denuncias de terceros o de oficio. "La autoridad policial que lo detuvo debió haber derivado esta situación a la justicia y no lo hizo, hay una laxitud en dejar pasar todo, que salga en el diario y ya está y los fiscales tienen que cortar con los efectos de los delitos, por eso lo de Villa Mascardi tiene mucha discusión porque la primera obligación de los fiscales es desalojar el terreno que está ocupado, tienen que cortar con los efetos del delito, porque sino es un delito que continua y se va consolidando y perjudica a los propietarios, hay una deficiencia del servicio de justicia".
Agregó que dentro del marco de la investigación los vehículos habían sido reclamados por provincia al INAI porque había vencido el convenio por el cual se los había prestado, "la conducta de Magdalena Odarda es fundamental, no creo que Pilquiman haya subido a una familia de Jacobacci y los haya llevado a una usurpación para consolidarla sin el conocimiento de Magdalena Odarda, toda la estructura de usurpaciones es con colaboración del Inai y no es la función del Instituto, salir a bancar usurpadores, es relevar las comunidades, y no sólo no hacen relevamientos sino que usan los fondos del Estado con una única finalidad que es consolidar las ocupaciones de estos supuestos pueblos originarios en la zona cordillerana".
Agregó que ahí es donde los "ciudadanos nos vemos perjudicados y tenemos la obligación de denunciar, espero que la justicia pueda avanzar e investigar la actitud de Odarda y Pilquiman que son los principales responsables de estas consolidaciones violentas, llevo muchos años investigando y denunciando hechos de corrupción, y la justicia siempre elige mirar para otro lado, hago las denuncias porque tengo un convencimiento personal pero creo que la justicia está muy en deuda con la ciudadanía en el control del ejercicio del poder. La verdad que mis perspectivas respecto a estas investigaciones nunca son las mejores pero aún así creo que hay que hacerlas".
