NO ES JUSTICIA, ES PRIVILEGIO.

Gilberto Montanaro fue mientras lo permitió la carta orgánica intendente de Cervantes, cuando no pudo continuar porque la ley se lo impedía, dejó en el cargo a su hija. Pero como bien se sabe nunca se fue, se lo podía ver usando algún que otro vehículo municipal o participar de reuniones como si siguieran siendo el dueño del pueblo. Nada extraño para una argentina que esta acostumbrada a los cargos hereditarios o al manejo del Estado sin transparencia y sin rendir nunca cuentas.

La causa Techo Digno ha sido en los últimos tiempos de las pocas causas de corrupción que avanzaron contra el poder. En muchos casos de forma deficiente y provocando el cierre de investigaciones y en otros casos con llamativa saña. Una vara que dice si y no según quien sea. Eso sí, las causas por sospechas en el manejo de la cosa pública solo parecen avanzar contra los opositores o los que no se alinean. El partido de los verdes siempre sale indemne.

Para Gilberto, hay una vara especial, después de que el Ministerio Público expusiera más de 80 pruebas en contra del zar cervantino. Un delito que cala profundo en los bolsillos del Estado y por ende de los ciudadanos. Defraudación a la Administración Pública y falsificación de Documentos Públicos. Es decir, usaban documentación falsificada para decirle al Estado Nacional que habían avanzado en construcción de casas que en realidad no ocurría. De paso se hacían de cuantiosos fondos públicos. Las viviendas reinaban por su ausencia.

Sin ponerse siquiera colorados, el uso del poder en Río Negro devino en una absoluta liberalidad. La ley y la constitución ya no eran un listado de limitaciones para el ejercicio del poder, sino un mero catalogo de sugerencias que el poder puede obviar su aplicación a entera satisfacción. En ningun Estado de Derecho puede ocurrir semejante delirio y que no existan consecuencias o sean tan insignificantes que valga la pena cometer los delitos.

El acuerdo alcanzado es de apenas 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Un chiste para alguien que decidió usar el poder para jugar con los fondos públicos y desarrollar un entramado que beneficio a empresas y la política, no a la sociedad que debió ser la beneficiaria. Es tan absurdo que habría que crear una categoría nueva, no sirve como comedia y mucho menos como tragedia. Es la degradación absoluta del Estado de Derecho.

Nada llama la atención, en una justicia que condenó a funcionarios del ultimo gobierno radical por percibir sobre sueldos aunque estaban documentados y habilitados por la norma; pero decidió que había desprolijidad administrativa y no un delito en los sobresueldos que percibía todos los meses Martin Soria cuando era intendente de Roca. Por eso es ni siquiera puede ser tragedia, ese hombre después fue designado Ministro de Justicia de la Nación. Si María Elena Walsh quisiera escribir el mundo del revés hoy no sabría por dónde empezar.

Hay algo más llamativo, si existió defraudación y existió un perjuicio para el Estado porque estamos hablando de una pena insignificante, pero no estamos hablando de los fondos que deben volver a las arcas del Estado y no figuran en el acuerdo. No pasa nada, de paso como si fuera poco se tomaron 11 años para investigar, así que por tener más de 75 años, la pena será condicional y en la comodidad de su casa.

El debate por un futuro para nuestra argentina, nuestra provincia y cada una de las ciudades que elegimos para vivir y criar a nuestros hijos sigue pendiente en la medida que el sistema de controles del Estado siga siendo una cortina de humo en la que la fiesta siempre la pagan los contribuyentes.