El dirigente de Juntos por el Cambio y Republicanos Unidos en Río Negro fue a la justicia para frenar el Pase Sanitario, solicitando que se declare inconstitucional y se suspenda su aplicación en todo el territorio de la provincia de Río Negro y la Argentina.
Las resoluciones del Ministerio de Salud de Nación y de Río Negro implican un exceso en el ejercicio del poder reglamentario, generando penas y restricciones de derechos constitucionales y de derechos protegidos por tratados de Derechos Humanos, que no tienen justificativo alguno.
Hay que recordar que la vacunación es optativa y más allá de estar vacunado, entiendo que el Pase Sanitario implica una medida que no garantiza ningún tipo de solución. La argentina no tiene una cultura antivacunas, todo lo contrario. Por eso es importante entender que el gobierno tiene que generar confianza en la vacuna, puede hacer con publicidad, con campañas puerta a puerta, con mejor acceso a la información o bien despolitizando las vacunas.
El gobierno debe comprender que la Constitución Nacional no es un catálogo de sugerencias, es el límite al ejercicio del poder del Estado y de protección de los derechos individuales. Si cada vez que el gobierno falla en sus políticas sanitarias va a echar mano a la restricción de derechos constitucionales, la libertad y el avasallamiento de la intimidad de las personas es nuestro derecho pedir a la justicia que nos proteja.
