El juez federal Gustavo Zapata dictó el procesamiento del vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, por utilizar un vehículo oficial para trasladar personas a la toma de Villa Mascardi, cuando su destino original era un relevamiento territorial de tres comunidades. Fue luego de la denuncia que realizara Nicolas Suárez Colman, dirigente del PRO y Precandidato a Diputado Nacional.
El funcionario había sido sorprendido en un control de ruta a la altura del barrio Las Chacras, en el acceso norte a Bariloche, en septiembre de 2020. Cuando los inspectores le consultaron hacia dónde iba, dijo que trasladaba a una familia hasta la ocupación que la lof Lafken Winkul Mapu mantiene desde 2017 en Villa Mascardi.
En su declaración ante el juez, los empleados que participaron del control reafirmaron lo que les dijo el funcionario al ser retenido: “llevo gente a Villa Mascardi, algo que hago habitualmente”.
En virtud de la denuncia realizada por Nicolás Suárez Colman luego de la aparición de la noticia en los medios de comunicación y el juez Gustavo Zapata ordenó la recolección de diversas declaraciones testimoniales que sirvieron de sustento para el procesamiento, al dictaminarse en primera instancia que Pilquimán utilizaba el vehículo oficial para un “provecho propio”.
La camioneta Toyota Hilux pertenece al Ministerio de Gobierno de Río Negro, que la cedió al organismo nacional por 20 días para realizar un relevamiento de las comunidades mapuches Buenuleo, Maliqueo y Quijada, en el marco del Convenio Específico de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Las personas autorizadas para utilizar el utilitario eran tres, pero ninguna era Pilquimán. Una vez que se pasaron los 20 días establecidos en el convenio, Pilquimán no restituyó el vehículo al gobierno rionegrino y eso motivó una intimación para que lo entregue.
El juez Zapata, que subroga el Juzgado Federal de Bariloche, determinó que el uso que le dio Pilquimán dista del destino que debía tener el vehículo. “Si el relevamiento hubiese finalizado, tendría que haberla devuelto” mencionó el magistrado en su resolución, agregando que por el contrario, el utilitario fue utilizado en “exclusivo provecho propio”.
Al día siguiente del operativo, en septiembre de 2020, el escolta de Odarda en la conducción del INAI dijo que, en realidad, trasladaba a una familia que debía realizar un trámite en Bariloche. La institución, por su parte, informó en un comunicado de prensa que los pasajeros debían realizar compras. Lo cierto es que ninguna de las dos acciones estaría comprendidas en el uso que Pilquimán debía darle al rodado.
El vicepresidente del INAI fue considerado penalmente responsable del delito previsto en el artículo 260 del Código Penal, malversación de caudales públicos, que establece que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.
